23. MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS ILEGALES Y RIESGOS ASOCIADOS A SU USO. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS.

23.1. INTRODUCIÓN.

De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la venta de falsificaciones de productos fitosanitarios genera unas pérdidas de 1.300 millones de euros. En términos de trabajo, implica la destrucción de 2.600 puestos en la industria y un total de 11.700 en sectores vinculados. Además de estos perjuicios, nada despreciables, hay un impacto indirecto en materia de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, valorado en 238 millones de euros.

En España, la estimación es de 94 millones de euros en pérdidas y un freno de 200 puestos de trabajo. Quizás lo más importante no es la cifra en valor absoluto, sino que representa el 13,8% de los fitosanitarios comercializados en la UE y un 10% en nuestro país, tal como subrayó el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).
Pero más allá del impacto económico hay tres importantes riesgos: El primero de ellos afecta al medioambiente, ya que buena parte de los productos falsificados no pasan los procesos de evaluación de riesgos medioambientales (no está garantizado que, ni aun bien aplicados, sean compatibles con la sostenibilidad medioambiental del territorio). El segundo es el riesgo en la salud que afecta al propio agricultor que maneja una sustancia que no dispone de garantías. Y el tercero es el riesgo que corre el consumidor final que adquiere alimentos que han sido tratados por productos sin salvaguarda alimentaria.

23.2. MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE FITOSANITARIOS ILEGALES.

De acuerdo con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), los plaguicidas ilícitos son de 5 tipos:

  1. Productos no autorizados, obsoletos o prohibidos.
  2. Importaciones paralelas.
  3. Productos falsificados o piratas.
  4. Productos re-etiquetados o con etiqueta de disfraz.
  5. Envases rellenados.
  6. Robo de producto.

En ocasiones, estos productos se comercializan como sofisticadas copias de productos exclusivos cuyo aspecto es exactamente igual al original, lo que incurre en una infracción sobre la propiedad intelectual y la propia marca. Para evitar esto, algunas casas comerciales, emplean hologramas de seguridad, más difíciles de falsificar.
A veces, el usuario adquiere un producto ilegal sin saberlo, por lo que es importante prestar especial atención a las etiquetas y a los envases, a la hora de adquirir estos productos. En general se recomienda lo siguiente:

  • La etiqueta debe contener el número de registro. Este número indica que las autoridades sanitarias han comprobado la información recogida en la etiqueta y que el producto puede ser usado con los requisitos que esta recoja. Pida su ficha de seguridad.
  • Busque la composición del producto. Todos los productos registrados deben recoger las materias activas que contienen, tanto en descripción como en cantidad.
  • Compruebe para qué cultivos está autorizado el producto. No todos los productos que combaten una plaga están registrados para usarse en todos los cultivos.
  • Compre productos que tengan la etiqueta legible, en español, bien adherida al envase y a la caja, y con el nombre del importador y titular mostrado con claridad. Desconfie de etiquetas modificadas, alteradas o de productos que lleven dos o mas etiquetas sobrepegadas.
  • Revise la inviolabilidad del recipiente como del precinto. Se recomienda que los envases vacios, después del triple enjuague se depositen en gestores autorizados (SIGFITO) y que se agujereen.
  • Compre fitosanitarios de proveedores autorizados que estén inscritos en el Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO).
  • Pida el albarán y/o factura detallada de la compra del producto.
    • Sospeche de las ofertas y descuentos excesivos.
    • Esta prohibida la venta de fitosanitarios a granel.
    • En caso de duda puede contactar directamente con las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural o en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (www.magrama.gob), que contiene criterios de búsqueda de productos fitosanitarios por número de registro, nombre comercial, sustancia activa, plagas, aplicación y ámbitos de utilización.
  • Comunique cualquier sospecha sobre productos falsificados a la autoridad competente de la zona. Telefono de denuncias anónimas 902882081.

A nivel gubernamental, para contribuir a la lucha contra los productos ilegales, en lo que al suministro de productos fitosanitarios se refiere, el Real Decreto 1311/2012 establece que para ejercer las actividades de fabricación o producción material, la comercialización, la distribución o venta al público y la logística, incluyendo el transporte y almacenamiento, de productos fitosanitarios, es necesario estar inscrito en el ROPO.
Tanto AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas) que es una asociación nacional y que representa mayoritariamente al sector de fabricantes de productos fitosanitarios, como ECPA (European Crop Protection Association) que es una asociación europea y representa a la industria de productos fitosanitarios, trabajan en la lucha contra el mercado ilegal de estos productos realizando campañas informativas para concienciar al sector de las peligrosas consecuencias que el uso de los mismos pueden llegar a provocar.
Los protocolos de trazabilidad obligatorios en el sistema agroalimentario, facilitan la identificación de los productos ilegales y de las personas que cometen fraude al usarlos. Esto permite localizar las fincas de las que proceden los productos e inmovilizar las partidas contaminadas.

23.3. RIESGOS ASOCIADOS A SU USO.

La peligrosidad de los productos fitosanitarios ilegales es difícil de cuantificar, ya que no están registrados, lo que implica que no están sujetos a las pruebas y controles de fabricación previstos en la legislación que regula este tipo de productos. Muchos plaguicidas ilegales son muy tóxicos, lo que implica un importante riesgo para la salud de las personas que los manipulan. Otros contienen ingredientes desconocidos, cuya composición y estabilidad pueden modificarse con el tiempo, y por tanto varían también sus efectos perjudiciales no solo sobre las plagas sino sobre el propio cultivo, llegando incluso a producir daños en el siguiente cultivo.
En otros casos, los productos ilegales están disponibles al público en versiones legales, registrados por las autoridades correspondientes. Sin embargo, la versión ilegal contiene menor cantidad de materia activa, o ingredientes activos contaminados con otro material o simplemente no tienen materia activa. Los agricultores que los adquieren, en ocasiones sin saberlo, corren el riesgo de no controlar las malas hierbas, los insectos o las enfermedades.

Los productos fitosanitarios falsos o ilegales dejan residuos desconocidos en los alimentos sobre los que se aplican, con el consiguiente riesgo que esto conlleva para la salud del consumidor. De esta manera cuando se aplican fitosanitarios ilegales podemos encontrarnos con multitud de problemas, tanto legales como económicos;
20.7 Cierre de mercados europeos a nuestras producciones.
20.8 Multas millonarias y/o penas de prisión para los infractores.
20.9 Una caída de las exportaciones y del consumo.
20.10 Un descenso importante del precio del producto en el que se ha detectado.

La protección del consumidor se garantiza mediante límites de seguridad basados en estudios toxicológicos:

  • La IDA (Ingesta Diaria Admisible) se refiere a la cantidad diaria máxima de sustancia que puede ser consumida durante toda la vida sin perjudicar al consumidor.
  • La DARf (Dosis Aguda de Referencia) se refiere a la cantidad máxima de sustancia que se puede ingerir en un solo día sin perjudicar al consumidor.

23.4. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS.

En caso de incumplimiento de lo previsto en el RD 1113/2012, será de aplicación, en función de la materia, el régimen sancionador previsto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos Contaminados, en la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP) que lo modifica, o en el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o medioambientales a que hubiere lugar.

23.4.1. Infracciones.

Según la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal, se puededen dividir las infracciones en tres tipos según su gravedad: leves, graves y muy graves.

  • Se considerarán leves las siguientes infracciones administrativas:

a) El ejercicio de actividades de producción, comercialización o de servicios, sujetas al requisito de autorización oficial, después de expirar la misma sin haber solicitado en plazo y forma su actualización o renovación, siempre que dicho incumplimiento no se encuentre tipificado como falta grave o muy grave.
b) El incumplimiento de los requisitos establecidos para la fabricación o producción y comercialización, incluido el almacenamiento, envasado y etiquetado, de vegetales, productos vegetales y medios de defensa fitosanitaria, siempre que dicho incumplimiento no se encuentre tipificado como falta grave o muy grave.
c) La producción, acondicionamiento o comercialización de vegetales, productos vegetales o sus transformados, cuyo contenido de residuos supere los límites máximos establecidos, siempre y cuando sus niveles carezcan de significación toxicológica.
d) El incumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a los libros, facturas, documentos de acompañamiento y demás documentos exigidos, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como falta grave o muy grave.
e) La desatención del cuidado fitosanitario de los cultivos, masas forestales y medio natural.
f) La utilización y manipulación de medios de defensa fitosanitaria sin observar las condiciones de uso u otros requisitos exigidos cuando esto no ponga en peligro la salud humana, la de los animales o el medio ambiente.
g) El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Administración pública competente la aparición de organismos nocivos para los vegetales o de síntomas de enfermedad para los vegetales y sus productos, cuando no sean conocidos en la zona, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como grave.
h) Dificultar la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma.
i) El incumplimiento de los requisitos en materia de titulación o cualificación del personal, cuando así esté establecido para la producción, comercialización y el manejo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria, siempre que dicho incumplimiento no esté tipificado como grave.

  • Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) El ejercicio de actividades de producción, fabricación y comercialización de productos fitosanitarios sin la correspondiente autorización administrativa.
b) La aportación de documentos o datos falsos o inexactos, de forma que induzcan a las Administraciones públicas a otorgar autorizaciones de actividades, establecimientos o medios de defensa fitosanitaria sin que se reúnan los requisitos o condiciones establecidos para ello.
c) La fabricación y comercialización de medios de defensa fitosanitaria cuya naturaleza, composición o calidad, o la de sus envases, difieran significativamente de las condiciones de su autorización.
d) La comercialización de medios de defensa fitosanitaria con un etiquetado, o información o publicidad que pueda inducir a confusión al usuario sobre los usos y condiciones para los que fueron autorizados, sobre los requisitos para la eliminación de envases o que no permita identificar al responsable de su comercialización.
e) La comercialización de productos fitosanitarios en envases que presenten fugas o roturas, pérdidas importantes del texto del etiquetado o de la información obligatoria, cierres o precintos rotos o que hayan sido trasvasados.
f) La producción, acondicionamiento o comercialización de vegetales, productos vegetales o sus transformados, que contengan residuos de productos fitosanitarios en niveles que superen los límites máximos establecidos y su exceso tenga significación a nivel toxicológico.
g) No poseer la documentación necesaria que permita comprobar la existencia o no de infracciones graves o muy graves, o llevarla de forma que impida efectuar dicha comprobación.
h) El incumplimiento del requerimiento de las Administraciones públicas de informar sobre el estado fitosanitario de los cultivos o facilitar informaciones falsas.
i) La manipulación o utilización de medios de defensa fitosanitaria no autorizados, o de los autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello, incluyendo en su caso los relativos a la gestión de los envases, cuando ello represente un riesgo para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.
j) El incumplimiento de los requisitos en materia de titulación o cualificación de personal, cuando así esté establecido para la producción, comercialización y el manejo o utilización de los medios de defensa fitosanitaria, cuando ello represente un riesgo para la salud humana o animal o el medio ambiente.
k) El incumplimiento de la obligación de comunicar a la Administración pública competente la aparición de una plaga de cuarentena.
l) Impedir la actuación de los inspectores debidamente acreditados.
m) El incumplimiento de las medidas fitosanitarias establecidas para combatir una plaga, o impedir o dificultar su cumplimiento.
n) La introducción, circulación, tenencia y manipulación en el territorio nacional de vegetales, productos vegetales, organismos y material conexo cuando esté prohibida, o sin autorización previa cuando sea preceptiva.
o) La introducción en territorio nacional de vegetales, productos vegetales, organismos y material conexo a través de puntos de entrada distintos de los autorizados.
p) Quebrantar las medidas cautelares establecidas, siempre que dicho quebrantamiento no esté tipificado como muy grave.
q) La obtención de subvenciones, y, en general, cualquier tipo de ayuda prevista en la presente Ley, con base en datos falsos, así como destinarlos a fines distintos de los previstos.
r) No declarar la presencia, en un envío en régimen de comercio exterior o tránsito dentro del territorio nacional, de aquellos vegetales, productos vegetales y material conexo que deban ser inspeccionados obligatoriamente, así como no indicar, ocultar o falsear el verdadero origen de los mismos.

  • Se considerarán muy graves las siguientes infracciones:

a) La ocultación a la Administración de la información relativa a la peligrosidad de los productos fitosanitarios por quienes los fabriquen o comercialicen.
b) La fabricación o comercialización de productos fitosanitarios no autorizados o con etiquetado, información o publicidad que oculte su peligrosidad.
c) El incumplimiento de las medidas establecidas por la Administración competente para combatir plagas de carácter extraordinariamente grave, o para mitigar sus efectos.
d) Quebrantar las medidas cautelares poniendo en circulación los productos o mercancías inmovilizadas.
e) La manipulación y uso o utilización de medios de defensa fitosanitaria no autorizados, o de los autorizados sin respetar los requisitos establecidos para ello, incluyendo, en su caso, los relativos a la eliminación de los envases, cuando ello represente un riesgo muy grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente.
Segun la ley 42/2002 del 13 de Diciembre de patrimonio Natural y Biodiversidad, las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden a que puedan dar lugar.Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

  • Se consideran infracciones administrativas relativas al caso:

a) La utilización de productos químicos o de sustancias biológicas, la realización de vertidos, tanto líquidos como sólidos, el derrame de residuos, así como el depósito de elementos sólidos para rellenos, que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos. Del propio modo, tendrán la consideración de infracción la comisión de los hechos anteriormente mencionados aun cuando no se hubieran producido daños, siempre que hubiera existido un riesgo serio de alteración de las condiciones de los ecosistemas.
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos.
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos en la categoría de «en peligro de desaparición» del Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
d) La alteración de las condiciones de un espacio natural protegido o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones.j) El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario.
e) La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y corta de especies de flora en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa, de acuerdo con la regulación específica de la legislación de montes, caza y pesca continental, cuando no se haya obtenido dicha autorización.
q) La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario.

23.4.2. Responsabilidad por infracciones.

Son responsables de los hechos constitutivos de las infracciones tipificadas en las leyes anteriores las personas físicas o jurídicas que los cometan, aun a título de simple negligencia.
No obstante, cuando el objeto de la infracción sea un producto u otra mercancía, se presumirán responsables:
a) De las infracciones en productos envasados y debidamente precintados, la persona física o jurídica cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, salvo que se demuestre su falsificación o mala conservación por el tenedor, siempre que sean conocidas o se especifiquen en el envase las condiciones de conservación.
b) De las infracciones en productos a granel o sin los precintos de origen, el tenedor de los mismos, excepto cuando éste pueda acreditar la responsabilidad de un tenedor anterior.
c) En cualquier caso, si el presunto responsable prueba que la infracción se ha producido por información errónea, o por falta de información reglamentariamente exigida, y que es otra persona identificada la responsable de dicha información, la infracción será imputada a esta última.

La responsabilidad administrativa por las infracciones a que se refiere la presente Ley será independiente de la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico.

Obligaciones de las personas inspeccionadas:

  • Suministrar toda la información y comprobaciones requeridas por la inspección
  • Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la documentación
  • Permitir todas las pruebas y muestras gratuitas de los productos o mercancías
  • Consentir, en general, la realización de la inspección

23.4.3. Sanciones.

Las infracciones previstas en la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal se sancionan con multas de acuerdo a su gravedad:

  • Infracciones leves: 300 a 3.000 euros
  • Infracciones graves: 3.001 a 120.000 euros
  • Infracciones muy graves: 120.001 a 3.000.000 euros.

En todo caso, el límite superior de las sanciones podrá superarse hasta el doble del beneficio obtenido por el infractor cuando este beneficio sea superior a dicho límite.

La sanción se graduará en función de:

  • La reincidencia
  • La intencionalidad del infractor
  • El incumplimiento de advertencias previas
  • El daño y los perjuicios ocasionados
  • Los beneficios obtenidos
  • La alteración social que pudiera producirse

Cuando las infracciones pongan en peligro la salud humana, la de los animales o el medio ambiente, las sanciones se incrementarán un 50%.

Sanciones accesorias: dependiendo del tipo de infracción y del daño que pueda entrañar, el órgano competente podrá acordar:

  • El decomiso de mercancías (gastos por cuenta del infractor)
  • La destrucción de mercancías (gastos por cuenta del infractor)
  • La retirada de registros o autorizaciones administrativas
  • El cierre temporal de la empresa
  • La inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas.

Multas coercitivas: además de las sanciones aplicables, si el interesado no ejecuta las obligaciones establecidas por la Ley, se le podrán imponer multas coercitivas con importe máximo del 20% de la multa fijada por la infracción correspondiente.
La comisión de infracciones en materia de salud pública dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que puedan establecer las comunidades autónomas y Entidades locales en el ámbito de sus competencias:
a) En el caso de infracción muy grave: Multa de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción.
b) En el caso de las infracciones graves: Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.
c) En el supuesto de las infracciones leves: Multa de hasta 3.000 euros.

23.4.4. Delitos.

Se recogen y consideran delitos según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su Libro II. Delitos y sus penas:

  • En su Titulo XVI ,los relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, en el Capitulo III y mas concretamente en sus artículos 325,326,327,328 y 330. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
    Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
    Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

  • En su Titulo XVII, de los delitos contra la seguridad colectiva, en su capitulo Capìtulo lll y en especial en los artículos 359 y 360, aquellos que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años. Al igual que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años. En estos casos, las multas económicas pueden llegar hasta los 120.000 Euros.
  • En su titulo XVIII, de las falsedades, en su Capitulo II, Sección 2.ª De la falsificación de documentos privados, articulo 395. El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Etiquetas de lecciones: delitos, identificar, ilegales, infracciones, productos fitosanitarios, sanciones
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